El Proyecto Especial Chavimochic (PECH) se enfrenta a una seria amenaza que pone en riesgo su futuro desarrollo. La empresa privada Agrícola Chicama, perteneciente a la familia Gildemeister, ha presentado una acción de amparo para reclamar la propiedad de 107 mil hectáreas de tierras eriazas, que actualmente son propiedad del PECH. Esta situación ha generado una profunda preocupación entre las autoridades del Gobierno Regional y los habitantes de La Libertad, ya que el conflicto podría afectar negativamente la ejecución de la III Etapa del proyecto y el desarrollo integral de toda la región.

Negligencia de autoridades anteriores

El consejero regional y presidente de la Comisión del PECH, Robert de la Cruz, ha señalado que una de las principales causas de esta situación es la presunta negligencia de las autoridades anteriores, quienes no tomaron medidas inmediatas para evitar que la empresa privada reclamara estas tierras. Ya en 2017, se perdieron 16 mil hectáreas en favor de la empresa mediante un proceso judicial, lo que dejó un precedente que ahora se suma a la disputa por las 107 mil hectáreas adicionales en 2023.

Impacto en el desarrollo de la región

El Proyecto Especial Chavimochic es de vital importancia para el desarrollo económico de La Libertad. La III Etapa del proyecto busca potenciar la agricultura, la generación de empleo y mejorar la infraestructura de la región. Sin embargo, si la empresa privada logra adquirir las 107 mil hectáreas de tierras eriazas, esto podría afectar significativamente la planificación y el avance de esta iniciativa, dejando en peligro el progreso y bienestar de la comunidad.

Reclamo legal y acción de amparo

Desde 2017, Agrícola Chicama ha presentado varias demandas judiciales para adueñarse de las tierras en disputa, argumentando su derecho a la propiedad. Actualmente, la empresa ha interpuesto una acción de amparo con el objetivo de reclamar estas tierras que, según el procurador del GORE, Pedro Armas, pertenecen indiscutiblemente al Estado. La resolución de este caso está en manos del juez encargado, quien deberá analizar cuidadosamente todas las pruebas y argumentos presentados por ambas partes antes de tomar una decisión.

El precedente de 2017

El hecho de que la empresa ya haya ganado una demanda anterior en 2017, donde se le adjudicaron 16 mil hectáreas, valorizadas en 50 millones de dólares, añade aún más complejidad al conflicto actual. El consejero regional advierte que la empresa está buscando ahora 107 mil hectáreas adicionales, lo que podría tener un impacto devastador en la economía de La Libertad y restringir aún más la capacidad del PECH para llevar a cabo sus planes de desarrollo.