El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, ha sido sentenciado hoy martes 20 de junio por el delito de difamación agravada contra la teniente Nataly Estefany Rojas. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha dictaminado una pena de un año de libertad suspendida para Fernández Bazán, además de una reparación civil de 25 mil soles. Esta decisión ratifica la sentencia anterior y podría tener consecuencias importantes para el alcalde en los próximos meses, incluida la posibilidad de su vacancia.

La jueza Liliana Janet Rodríguez Villanueva fue precisa al anunciar la pena impuesta: «Pena suspendida de libertad por un año y una reparación civil de 25 mil soles». Esta resolución fue tomada por la segunda Sala Penal, compuesta por Cecilia Milagros León Velásquez, Ofelia Namoc López del Aguilar y Liliana Janet Rodríguez Villanueva.

Es importante recordar que el 11 de agosto de 2022, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ya había sentenciado a Fernández Bazán a un año de prisión, además de imponerle el pago de 5 mil soles como reparación civil.

La condena actual representa un paso más en el proceso legal contra el alcalde de Trujillo. La difamación es un delito que puede tener graves consecuencias tanto en el ámbito personal como en el político. La sentencia ratificada es un claro mensaje de que los actos difamatorios no serán tolerados en la sociedad, especialmente cuando se trata de figuras públicas como Fernández Bazán, quien ocupa un cargo de gran importancia y responsabilidad.

La decisión de imponer una pena de libertad suspendida implica que el alcalde no irá a prisión de forma inmediata, pero estará sujeto a ciertas condiciones y deberá cumplir con ciertas obligaciones impuestas por el tribunal. Cualquier incumplimiento de estas condiciones puede llevar a la revocación de la pena suspendida y al cumplimiento efectivo de la condena.

Además, la imposición de una reparación civil de 25 mil soles busca compensar el daño causado a la teniente Rojas como resultado de las declaraciones difamatorias. Esta medida busca no solo sancionar al responsable, sino también resarcir de alguna manera el perjuicio ocasionado.

La condena a Arturo Fernández Bazán no solo afecta su reputación personal, sino que también podría tener repercusiones políticas significativas. La pena de libertad suspendida y la reparación civil impuesta podrían ser motivo de debate y llevar a la apertura de procesos de vacancia en su contra. Esto dependerá de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en el ámbito municipal.