Ecuador se encuentra nuevamente sumido en la desesperación y el dolor después de que al menos 31 reclusos perdieran la vida en un estallido de violencia carcelaria que tuvo lugar en la Penitenciaría del Litoral, conocida como Guayas 1, en Guayaquil. Este incidente se prolongó durante varios días y finalmente llegó a su fin cuando un contingente de 2.700 uniformados, entre militares y policías, ingresó a la prisión para retomar el control. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, dejando tras de sí una estela de muerte y dolor en el país.

Desde el sábado hasta el martes, el conflicto entre bandas criminales en el interior de la cárcel cobró la vida de 18 personas privadas de libertad, además de dejar 11 personas heridas, incluyendo a un valiente policía que cumplía con su deber de mantener el orden y la seguridad. Estas cifras, sin lugar a dudas, reflejan una realidad cruda y desgarradora que requiere una acción urgente por parte de las autoridades ecuatorianas.

El Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) informó inicialmente de «tres heridos leves» el sábado en Guayas 1, pero la situación se deterioró rápidamente y dio lugar a una verdadera pesadilla en la prisión. Las bandas criminales, alimentadas por la violencia y el hacinamiento, se enfrentaron, sin importar las consecuencias, sumiendo a la población carcelaria y al país en una espiral de violencia sin sentido.

El estallido de violencia en Guayaquil no es un incidente aislado; más bien, es un síntoma de un problema más profundo y sistémico que aqueja al sistema penitenciario ecuatoriano en su conjunto. La sobrepoblación, la falta de recursos adecuados, la corrupción, y la ineficiencia en la gestión de las cárceles han contribuido a crear un caldo de cultivo para la violencia y la delincuencia dentro de las prisiones.

El estado de excepción declarado por 60 días en todo el sistema penitenciario es una medida necesaria para restablecer el control y prevenir futuros estallidos de violencia. Sin embargo, no es una solución a largo plazo. Se espera que, durante este período, las autoridades ecuatorianas tomen acciones significativas para abordar las raíces del problema y diseñen políticas y programas efectivos que promuevan una verdadera reforma del sistema penitenciario.