La Amazonía es una de las últimas fronteras del capitalismo global. Allí se juegan intereses criminales, económicos y militares de las potencias globales. Poco influye el gobierno brasileño de turno o programas ambientales internacionales como el Fondo para la Amazonía, financiado por Noruega y la UE.

Por Sandra Weiss*

A principios del siglo XX el mariscal brasileño Cândido Rondon viajó y exploró incansablemente la región amazónica, instaló telégrafos y visitó y catalogó a pueblos indígenas hasta entonces poco conocidos en Brasil. Era una suerte de ‘Humboldt’ amazónico.  Pero lo que lo impulsaba no fue una sed universal de investigación y conocimiento como la del sabio alemán, sino más bien el desarrollo de una región que las fuerzas armadas brasileñas consideraban un talón de Aquiles para la república.

El primer bastión visible del Estado brasileño en la Amazonía fueron los cuarteles. No se trataba sólo de garantizar la soberanía, sino también del progreso económico, en cooperación con Estados Unidos, el socio tradicional del ejército brasileño. El acompañante más destacado de Rondón fue nada menos que el presidente Theodore Roosevelt, quien emprendió con él una ardua expedición a la selva en 1914.

El destino de la pareja era un afluente entonces poco conocido del río Madeira, registrado hoy como el “Río Roosevelt”, que alberga uno de los depósitos de diamantes más grande del mundo. Desde entonces la Amazonia ya no desapareció más del radar de los estrategas estadounidenses. Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria de defensa americana dependió de su caucho para fabricar neumáticos de tanques y aviones. Mientras, en la percepción europea el aspecto estratégico de la Amazonia no jugó ningún papel relevante durante mucho tiempo. En cambio, una imagen romántica de animales salvajes, pueblos indígenas arcaicos y selvas impenetrables moldeó la imagen de un área que se consideraba la periferia postrera del capitalismo global, un campo de juego exótico para exploradores y aventureros.

El gran negocio en el Amazonas no es la madera preciosa ni el ganado, sino la especulación con la tierra.

Tras los grandes incendios en 2019, la Amazonia se ha convertido en el foco de los medios de comunicación mundiales. El entonces presidente Jair Bolsonaro fue el villano ideal: un fanfarrón que insistía en su derecho soberano a destruir, sin importar cuán importante puede ser la selva tropical al clima global. Pero aún ahora, con su sucesor Luiz Inácio Lula da Silva, sigue la destrucción. A menor ritmo que antes, pero en 2023 se han derrubado 500 kilómetros cuadrados de selva. Porque detrás de la destrucción, hay un meticuloso plan de explotación económica que une muchos actores. Los incendios no arden al azar, sino precisamente en los lugares donde se expande ilegalmente la frontera agrícola. El gran negocio en la selva no es la madera preciosa ni el ganado, sino la especulación con la tierra, una tierra, cuyo dueño suele ser el Estado brasileño.

La tierras talada y quemada es cercado y destinado a la ganadería. Luego de esa ocupación “de facto”, los ganaderos legalizan la apropiación de tierras con la ayuda de funcionarios y notarios corruptos y esperan hasta que la frontera de la soja avance más para luego venderla y obtener pingües ganancias. Con la ayuda de semillas genéticamente modificadas y toneladas de agrotóxicos y fertilizantes, el suelo tropical bastante pobre de por sí, se puede utilizar para la soja, la mayor fuente mundial de proteínas para el engorde del ganado.

La destrucción forestal, con su flora y fauna, se ha ido abriendo camino en la jungla durante décadas. La carrera por el terreno agrícola, por el agua pero también por las tierras raras tan necesarias para la electromobilidad y demás gadgets modernos, aceleran la presión sobre la Amazonía. Toda la economía global, basada en el consumo desfrenado, en la explotación de las materias primas y el eterno crecimiento, se encuentra en una crisis estructural. La Amazonia, con sus gigantescos recursos -desde superficie, tierras raras, oro y diamantes hasta un tercio de las reservas de agua dulce del mundo- es una de las últimas reservas sin explotar, no incorporado al sistema capitalista, y, por lo tanto, ahora ha pasado de la periferia al centro de un juego de póquer geopolítico.

“Barão do Rio Branco” – nombre de un destacado diplomático del siglo XIX – es el nombre del último plan de desarrollo del ejército brasileño, según descubrió el portal Intercept. Se trata de desarrollar el extremo nororiental del Amazonas, aún intacto, entre Santarem y la frontera con las tres Guyanas, exactamente la región que los ambientalistas quisieran convertir en un área protegida. El corredor AAA desde los Andes a través del Amazonas hasta el Atlántico es todavía en un 80 por ciento un ecosistema preservado. Según el exdiplomático colombiano y experto en la Amazonía Martín von Hildebrand, hay 250 millones de hectáreas, de las cuales 140 millones son reservas indígenas o naturales. Es allí, en la desembocadura del río Amazonas, donde la estatal brasileña Petrobras quiere buscar petróleo. El presidente Lula ha dado su visto bueno, en contra de la opinión negativa de su ministra de medio ambiente y de ambientalistas como Hildebrand.

América del Sur quedó dividida en 10 “ejes de desarrollo”; a cada uno se le asignó un papel específico en la economía global, principalmente como proveedor de materias primas.

“Queremos asegurarnos de que se convierta en un área continua, porque la conectividad del ecosistema es importante para el equilibrio hídrico o el hábitat de los animales. Tan pronto como la selva se convierta en un mosaico, se debilitará”, afirmó el ganador del Premio Nobel de Medio Ambiente Alternativo. La idea cuenta con el apoyo del gobierno colombiano y numerosas organizaciones indígenas. En las conversaciones también participan Ecuador, Venezuela y Perú, así como las Guyanas.

Para Bolsonaro, los ambientalistas fueron los enemigos principales. Pero tampoco Lula se lleva bien con ellos. No los criminaliza, pero simplemente los ignora, como lo hizo con la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte sobre el río Xingú. El igual que Bolsonaro está sometido a los intereses empresariales y militares quienes abogan por una mayor explotación de la Amazonía. En el Congreso, dominado por la derecha, se teorías conspirativas, como por ejemplo que detrás de los ambientalistas y su ideal del corredor hay una mafia verde al servicio de los británicos o los comunistas chinos en sus políticas de expansión.

Los gobiernos en turno sólo son estridentes secuazes de los intereses económicos y militares. La ofensiva contra la selva tropical estaba preparada desde hacía mucho tiempo. En la primera Cumbre de América del Sur celebrada en Brasilia en 2000, 12 jefes de Estado y de gobierno aprobaron un plan del Banco Mundial para el desarrollo infraestructural del subcontinente (IRSAA). Se trataba principalmente de megaproyectos. América del Sur quedó dividida en 10 “ejes de desarrollo”; a cada eje se le asignó un papel específico en la economía global, principalmente como proveedor de materias primas.

Por un lado, la Amazonia estaba destinada a la agricultura y la silvicultura, por otro lado, como proveedor regional de energía mediante la construcción de represas y, por otro lado, debido a su ubicación central en el corazón de América del Sur, ser un nodo de transporte, que conecte el Atlántico y el Pacífico, especialmente a través de sus vías fluviales. El entonces presidente de Brasil era Fernando Henrique Cardoso, uno de los fundadores de la ‘Teoría de la dependencia’, que denuncia que desde la colonización América Latina ha sido vista sólo como un proveedor de materias primas por las potencias gobernantes y que el desarrollo es difícil de lograr bajo estas circunstancias. Sin embargo, Cardoso firmó el documento. Las fuerzas armadas se mostraron especialmente satisfechas.

El desarrollo de la Amazonía iba de la mano de una estrategia del servicio secreto estadounidense CIA: la promoción de iglesias evangélicas pentecostales.

Ya habían hecho su primer intento de desarrollar la Amazonía durante la dictadura militar (1964-1985). Impulsados por el espectro de una intervención extranjera difusa y con consignas como “Integrar la tierra para no perderla” y “Tierra sin pueblo para pueblo sin tierra”, comenzaron a asentar a personas sin tierra del sur o noreste de Brasil en los años 1960. Se les entregó un terreno con el requisito de que talaran el bosque allí y dieran prioridad al cultivo de lo que la dictadura militar había planeado, como la caña de azúcar. O sirvieron como mano de obra barata en megaproyectos como la carretera Transamazónica, la mina de hierro de Carajás o el embalse de Tucuruí. En aquel momento, las fuerzas armadas no tenían ninguna consideración por el medio ambiente ni por la población local. Consideraban a los pueblos indígenas como sospechosos agentes potenciales de intereses extranjeros.

Uno de estos enemigos de los militares adoctrinados por Estados Unidos fue el comunismo internacional. Por eso el desarrollo de la Amazonía iba de la mano de una estrategia del servicio secreto estadounidense CIA: la promoción de iglesias evangélicas pentecostales para contrarrestar la teología de la liberación «izquierdista» de la Iglesia católica con una «teología de la prosperidad» conservadora » que transmite una visión materialista del mundo y demoniza las religiones naturales. Esto tenia dos ventajas para los autores de la doctrina: los pueblos indígenas se integran al ciclo económico capitalista moderno y también se debilitan sus raíces culturales y su resistencia. Hoy en día, de los cinco estados con mayor proporción de feligreses evangélicos, cuatro están ubicados en la Amazonia.

Los militares lograron asentar un proletariado conservador en la Amazonía, pero aparte de eso, los resultados de la colonización fueron desastrosos: la prostitución y el crimen aumentaron rápidamente, estructuras tipo mafia en la órbita de los mineros ilegales de oro y diamantes y de los contrabandistas de madera se extendieron y luego se infiltraron en las estructuras políticas. Hoy en día, el auge del narcotráfico se concentra en la Amazonía donde nuevos cárteles como la Familia del Norte desafían las viejas estructuras criminales de Sao Paulo(PCC) y Rio de Janeiro (CV). Trafican droga, armas, saquean flora y fauna, controlan y financian la explotación ilegal de oro y lucran con la prostitución. La resistencia indígena fue aplastada sangrientamente y las finanzas estatales apenas se beneficiaron debido a la baja productividad de los proyectos mal planificados y los bajos impuestos a la energía y la minería.

La zona entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia fue promocionada como la “República Unida de la Soja”.

Con el cambio de milenio, la Amazonia pasó a ser el foco de las corporaciones internacionales, y el IRSAA proporcionó el plan para una nueva incursión en la jungla. Comenzó con la construcción de varias grandes centrales hidroeléctricas (complejo Rio Madeira desde 2008 y Belo Monte desde 2011) por un consorcio del proveedor estatal de energía Eletrobrás y empresas constructoras privadas. Ambos proyectos se llevaron a cabo contra la enconada resistencia de una parte de la población y causaron graves daños al tejido social y al medio ambiente. Al mismo tiempo, al sur de la cuenca del Amazonas, un grano entonces poco conocido comenzó su triunfo mundial. El primer indicio del inminente cambio de paradigma agrícola provino de un anuncio de 2003, colocado por la multinacional agrícola Syngenta, que ahora es china pero que en ese momento todavía estaba bajo control suizo. Promocionó el área entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia como la “República Unida de la Soja”.

Fue un proyecto gigantesco que, con la ayuda de las élites locales, reemplazó rápidamente la cría de ganado en Argentina y la agricultura a pequeña escala en Paraguay con enormes monocultivos. El negocio resultó tentador y generó beneficios para muchos. Las élites locales cultivaron soja, los gobiernos recaudaron impuestos a las exportaciones y proveedores como Bayer-Monsanto y DowDupont (pesticidas, fertilizantes, semillas) y John Deere (maquinaria agrícola) aumentaron sus ventas. Sin embargo, el gran negocio lo hicieron quienes controlaban la logística y comercializaban soja en la Bolsa de Valores de Chicago: corporaciones como Cargill, Bunge, ADM y Louis Dreyfus.

Bolsonaro ahora quiere frenar el avance de China y cuenta con el apoyo activo del presidente estadounidense, Donald Trump.

El auge de la soja puso a China en escena. El gigante asiático no puede sustentar a su población con su suelo degradado y no tiene suficientes materias primas para su industria. Por lo tanto, hacia el cambio de milenio, América del Sur inevitablemente pasó a ser el centro de atención del gobierno de Beijing. La ola rosa de gobiernos de izquierda que se mostraron escépticos respecto de Estados Unidos y enterraron el Área de Libre Comercio Estadounidense (ALCA) en la cumbre de Mar del Plata en 2005 ayudó a los chinos a avanzar. China rápidamente se convirtió en un actor importante en América del Sur.

China avanzó rápidamente en la Amazonía con préstamos a los gobiernos garantizados con materias primas, proyectos de infraestructura como una línea ferroviaria desde la Amazonia al Pacífico y otras inversiones (represas, minería, petróleo). Bajo el gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), China reemplazó a Estados Unidos como el socio comercial más importante de Brasil en 2009. Hoy en día, el 27 por ciento de las exportaciones brasileñas van a China y el 12 por ciento a Estados Unidos. Brasil y China no sólo se acercaron en el marco de la alianza BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), sino que también expandieron su influencia a nuevas áreas del mundo.

Los Estados-Unidos quieren frenar el avance chino sobre la Amazonía. Pero Lula tiene poco interés y el juego geopolítico sobre los recursos de la Amazonia es complejo. Un ejemplo es el niobio. El metal que hace que el acero sea más ligero y resistente y del que Brasil posee el 85 por ciento de los recursos mundiales, es fabricado por la familia brasileña Moreira Salles, en cooperación con siderúrgicas chinas (Bao Steel, CITIC, Anshan Iron & Steel, Shougang y Taiyuan Iron & Acero). Se trata de una alianza estratégica entre empresas chinas y la élite local. El principal comprador del mineral es Beijing. Hay un consenso entre élites empresariales brasileñas y militares, como lo formuló el general retirado Hamilton Mourão: “China necesita materias primas que produce Brasil, tenemos que aprovecharlas.”

Aún no se sabe quién al final se quedará con la mayor parte de los recursos del Amazonas, si China o Estados Unidos. Pero los costos, los tendrá que cargar Brasil. Y pueden ser inmensos, si uno cree a científicos como Carlos y Antonio Nobre del Instituto Nacional de Pesquisas espaciais (INPE). Ellos forjaron la teoría de los ríos voladores. Consideran que la Amazonía es una gran fábrica de humedad y lluvia, importante para la irrigación de la zona agrícola del Sur de Brasil. Si falla el motor climático del Amazonas, lo cuál ocurre según ellos cuando un 25% de la selva sea talada (actualmente estamos en un 20%), el sur de Brasil corre el riesgo de convertirse en desierto.

Sandra Weiss. Latin America Correspondent, Mexico
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