Por: Fernando De la Flor Arbulú

Mientras que en el país los debates públicos van de lo policial a lo judicial, el mundo empieza a preocuparse seriamente acerca del Perú. Esta vez no se trata de la cantidad de muertos por la pandemia, ni los daños que viene infringiendo la naturaleza, ni siquiera del número de presidentes de la República que hemos tenido en el último tiempo ni cuántos de ellos están presos. Ahora es la aparente calma en la que viene transcurriendo el actual Gobierno lo que está llamando la atención.

El reciente mensaje que ha emitido lo que vendría a ser la Cancillería de la Unión Europea es el que ha dado la clarinada de alerta. Lo ha señalado con todas sus letras: “… lo que está ocurriendo en Perú es extraordinariamente importante y grave.” Para ello, ha dicho varias cosas. Primero: que ha sido repudiable la pretensión de Pedro Castillo de haber intentado terminar con la democracia en el país. Luego, que ha sido inobjetable la sucesión constitucionalmente prevista para que Dina Boluarte asuma la presidencia de la República. Aquí caben algunas precisiones. La Unión Europea ha deslindado categóricamente con quienes insisten en sostener que no hubo la intención de instaurar una dictadura en el Perú. Como se conoce, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el presidente colombiano, Gustavo Petro, siguen declarando, cada vez que pueden, que Pedro Castillo fue injustamente destituido de su cargo por ser un modesto provinciano, y debe ser puesto en libertad. Petro incluso lo acaba de repetir en una visita oficial a Estados Unidos, sin ningún rubor. El mundo, pues, tiene dos miradas, diametralmente opuestas, acerca de lo ocurrido en el Perú. Vale la pena cotejar los hechos con la realidad.

El mensaje dice más: el gobierno de Dina Boluarte debe responder por el uso desproporcionado de la fuerza que ha utilizado ante las protestas ciudadanas de comienzos de año, que ha terminado con la vida de alrededor de 60 personas; tal como lo han hecho otras entidades internacionales. Pero lo fundamental –termina diciendo- es que somos los peruanos los llamados a resolver la profunda crisis institucional en la que está el país.

Definamos las cosas: hay una incuestionable desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades. Existe una notoria crisis de representación. Los números no mienten: ocho de cada diez peruanos no están de acuerdo con el gobierno de Dina Boluarte, quien no puede tener contacto con la gente, igual que sus ministros. Alrededor del 90% del país desaprueba al Congreso. La falta de legitimidad es patente.

Hay dos caminos para enfrentar esa situación: seguir como estamos, creyendo que así, sin hacer nada, se llegará al 2026 (nótese que faltan tres años), haciendo realidad aquel antiguo dicho de que en el Perú los problemas se resuelven solos o simplemente no se resuelven; o, por el contrario, poner en funcionamiento los mecanismos que provee la democracia para encontrar una salida que marque el inicio de un cambio sustantivo en las relaciones entre el poder y los ciudadanos.

Fuente: Caretas