El enfrentamiento entre el expresidente Evo Morales y su antiguo protegido y actual presidente de Bolivia, Luis Arce, ha vuelto a ponerse en evidencia esta semana, esta vez con acusaciones de corrupción y protección al narcotráfico. Este conflicto plantea preguntas importantes sobre el alcance real del narcotráfico en Bolivia en la actualidad y sus vínculos con las estructuras políticas de poder. A medida que se desentraña esta problemática, se revela una red compleja de intereses y un país en peligro de convertirse en un narcoestado.

Bolivia es conocida como uno de los principales productores de hoja de coca en el mundo. Aunque el cultivo, la venta y el consumo individual de hoja de coca son legales en el país, hasta el 40 por ciento de esta se comercializa ilegalmente como materia prima para la producción de cocaína. En los últimos años, Bolivia ha experimentado un cambio significativo, pasando de ser un vendedor de pasta base de cocaína a convertirse en un productor de clorhidrato de cocaína, es decir, cocaína en polvo. La evidencia de esta transformación se refleja en el aumento de los laboratorios de producción de cocaína encontrados en Parques Nacionales.

Un territorio maldito y bendito en medio de fuertes disputas

La ubicación geográfica de Bolivia lo convierte en un objetivo atractivo para el narcotráfico. Limitando con Brasil, uno de los principales consumidores de cocaína en América Latina, Perú, un país productor de hoja de coca más barata, y Paraguay, un importante centro de distribución de drogas en Sudamérica, Bolivia se ha convertido en un corredor clave para el tráfico de cocaína dirigida a mercados internacionales como Europa, Estados Unidos y Asia. Esto ha llevado a la presencia de organizaciones criminales extranjeras en el país, como el PCC y el CV de Brasil, así como grupos colombianos y mexicanos.

El comercio ilegal de hoja de coca en Bolivia tiene un fuerte componente político. El expresidente Evo Morales, líder de las federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba, ha sido frecuentemente estigmatizado como líder cocalero y narcotraficante. Esta estigmatización se ha utilizado como arma política en la disputa entre los seguidores de Morales (conocidos como «evistas») y los seguidores de Arce (conocidos como «arcistas»). La corrupción y el narcotráfico están estrechamente relacionados en Bolivia, y las denuncias públicas de estas redes se han intensificado debido al conflicto político entre Arce y Morales.

Ante malas instituciones, el narcoestado se acerca

La detención de altos funcionarios y la incautación de grandes cantidades de drogas pueden interpretarse como señales de la voluntad del gobierno de luchar contra el narcotráfico. Sin embargo, a partir de 2022, no se ha desarticulado ninguna organización criminal ni se ha detenido a figuras importantes involucradas en el tráfico de cocaína. En cambio, se celebra el aumento de las incautaciones, lo cual no necesariamente indica una mayor eficiencia policial, sino una mayor circulación de cocaína en el mercado. Esto evidencia la existencia de niveles significativos de protección a las redes de narcotráfico, resultado de una justicia débil y fuerzas del orden corroídas por la corrupción.

Expertos políticos y criminólogos coinciden en que Bolivia está enfrentando el riesgo de convertirse en un narcoestado, donde el narcotráfico puede operar impunemente en todos los niveles de la sociedad. Este proceso se ha intensificado durante los mandatos de Evo Morales y ahora se ha vuelto aún más evidente bajo la administración de Luis Arce. El narcotráfico ha adquirido poder e influencia en la justicia y la política, lo que ha llevado a la toma de decisiones bajo la sombra de la impunidad. A menos que se tomen medidas contundentes para fortalecer las instituciones y combatir la corrupción, Bolivia corre el riesgo de caer aún más en las garras del narcotráfico.