Alemania destinará un nivel récord de gastos para renovar sus fuerzas armadas en 2024, en respuesta a la invasión rusa en Ucrania. Según el proyecto de presupuesto revelado recientemente, los gastos militares alcanzarán el 2% del PIB, tal como lo exige la OTAN. Este aumento significativo refleja la importancia que Alemania otorga a fortalecer su capacidad de defensa y contribuir a la estabilidad regional.
Con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en gastos militares, Alemania destinará 51.800 millones de euros de su presupuesto, en comparación con los 50.000 millones de euros de 2023. Además, se agregarán 19.200 millones de euros provenientes del «fondo especial para las Fuerzas Armadas», que ha sido dotado con 100.000 millones de euros desde el comienzo de la guerra, aunque solo se ha gastado una pequeña fracción de esa cantidad.
El proyecto de presupuesto también revela que Alemania planea reducir considerablemente los gastos y los nuevos préstamos en el próximo año. Esta estrategia se basa en una «normalización» de la política presupuestaria después de la pandemia y la crisis energética que ha enfrentado el país en los últimos años.
Sin embargo, la elaboración del proyecto de presupuesto no fue una tarea fácil para el gobierno de Olaf Scholz, ya que generó tensiones entre los tres partidos de la coalición gobernante debido a la reducción del gasto solicitada por el ministro de Finanzas, Christian Lindner, quien pertenece al partido liberal.
En general, Alemania prevé gastar 445.700 millones de euros en el próximo año, en comparación con los 476.300 millones de euros programados para este año. Aunque se espera una disminución en los gastos, se estima que en 2024 los niveles de gasto superarán en un 25% los niveles de 2019.
En términos de préstamos, se proyecta una reducción significativa, pasando de 45.600 millones de euros en 2023 a 16.600 millones de euros en 2024. Esta disminución demuestra el compromiso de Alemania en cumplir con su regla constitucional de limitar la deuda estatal a no más del 0,35% de su PIB anualmente.
Es importante destacar que la restricción constitucional de frenar la deuda estuvo suspendida durante tres años para permitir al gobierno inyectar fondos destinados a mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la restricción ha vuelto a estar vigente este año, lo que indica la prioridad de mantener un equilibrio fiscal y una gestión responsable de los recursos.
