El proceso de vacancia del alcalde de Trujillo ha dado un giro inesperado con la posibilidad de adelantar la sesión del Concejo Municipal y la solicitud de suspensión presentada por el regidor Jorge Vásquez. Estas acciones forman parte de los trámites correspondientes al proceso de vacancia, el cual debe llevarse a cabo siguiendo los plazos y requisitos establecidos por la ley. Además, la reciente sentencia contra el alcalde César Fernández por difamación agravada ha generado aún más incertidumbre sobre su futuro en el cargo.

La sesión de Concejo Municipal programada originalmente para el 31 de julio se ve amenazada por el adelanto propuesto por algunos regidores, entre ellos Jorge Vásquez. Este último ha anunciado que presentará una solicitud para llevar a cabo una sesión extraordinaria y solicitar la suspensión del alcalde provincial, César Fernández. Una vez tomada esta decisión, será responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones evaluar los fundamentos legales y las pruebas presentadas para determinar el curso del proceso de vacancia.

Es importante destacar que el alcalde Fernández enfrenta una sentencia por difamación agravada, emitida el pasado 20 de junio por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Esta sentencia impone una pena de un año de libertad suspendida, acompañada de una reparación civil de 25 mil soles. La ratificación de esta decisión por parte de la corte ha generado expectativas sobre la posible vacancia del alcalde en los próximos días.

La situación legal del alcalde Fernández se encuentra ahora en un momento crucial. El proceso de vacancia es un procedimiento que debe cumplir con las disposiciones legales y normativas establecidas para garantizar la transparencia y la legitimidad del mismo. El adelanto de la sesión del Concejo Municipal y la solicitud de suspensión presentada por el regidor Vásquez son pasos formales dentro de este proceso.

Sin embargo, la decisión final recae en el Jurado Nacional de Elecciones, que deberá evaluar los fundamentos legales presentados y las pruebas correspondientes antes de tomar una resolución definitiva. La justicia debe prevalecer y asegurar que cualquier acción tomada esté respaldada por un debido proceso.