El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse que parte de su campaña electoral fue financiada con dinero proveniente del narcotráfico. Esta noticia ha sacudido a la nación y ha generado cuestionamientos sobre la integridad del líder y su equipo de campaña.

El hijo del mandatario, Nicolás Petro, hizo declaraciones explosivas en las que admitió que desconocían que los aportes monetarios recibidos provenían de dos individuos con un pasado oscuro en el mundo del crimen organizado. Tanto el presidente como el gerente de la campaña, Ricardo Roa, afirman no haber tenido conocimiento de estas contribuciones ilegales, lo que ha despertado la indignación pública y ha puesto en tela de juicio la transparencia y la honestidad del proceso electoral.

Según las declaraciones de Nicolás Petro, parte de los 400 millones de pesos que financiaron la campaña de su padre provinieron de Samuel Santander Lopesierra, un antiguo capo del narcotráfico que fue extraditado a Estados Unidos en 2003 y liberado en 2021. La vinculación con individuos con antecedentes criminales tan graves ha planteado serias dudas sobre la idoneidad de Petro como líder de una nación que lucha incansablemente contra el narcotráfico y sus consecuencias.

Además del caso de Santander Lopesierra, también se descubrió que el hijo de Alfonso «el turco» Hilsaca, otro personaje con acusaciones relacionadas con el financiamiento de grupos paramilitares y homicidios, entregó dinero a Nicolás Petro para la campaña. Esto ha llevado a que la fiscalía del caso ponga al gobierno colombiano en una posición incómoda y llena de inquietudes.

Aunque Nicolás Petro asumió la responsabilidad de los aportes ilegales a la campaña de su padre, el presidente mismo no ha negado el financiamiento irregular de su campaña. En lugar de negar los hechos, se ha enfocado en afirmar que no tenía conocimiento de estas contribuciones. Sin embargo, esta explicación no ha sido suficiente para calmar las preocupaciones de la opinión pública y la oposición política, que exigen respuestas y acciones claras.

El escándalo ha llevado al presidente a enfrentar un proceso judicial, y aunque se le otorgó libertad condicional, esto no significa que esté exento de las consecuencias legales y políticas que puedan surgir. El país se encuentra dividido entre aquellos que exigen la renuncia inmediata del presidente y aquellos que esperan una investigación justa y transparente.