El Gobierno Regional de La Libertad ha asignado una partida de más de 25 millones de soles al proyecto Procompite, con el propósito de fortalecer la competitividad de las cadenas productivas en las provincias de la región. Sin embargo, el desarrollo de este proyecto se ha visto opacado recientemente por una denuncia dirigida al gerente regional a cargo, Juan Fort Cabrera, quien enfrenta acusaciones de abuso de atribuciones y actos arbitrarios.

La jefa del Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de La Libertad, María Sánchez Quezada, emitió un oficio, el N° 000413, en el que se señala que Fort y sus subgerentes podrían estar involucrados en acciones perjudiciales para el personal contratado en el marco de Procompite. De acuerdo con la denuncia, estos trabajadores no contarían con órdenes de servicio que respalden su contratación, lo que ha resultado en la falta de retribución durante períodos que superan los dos meses.

La consejera representante de la provincia de Virú, Edy Camacho Barreto, ha planteado la posibilidad de citar al funcionario ante el Consejo Regional para que brinde explicaciones sobre las acusaciones en su contra. En este sentido, el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama, ha respondido al oficio de la jefa del Órgano de Control Interno (OCI) tomando medidas para prevenir la contratación de personal sin la correspondiente orden de servicio.

Es relevante mencionar que Juan Fort Cabrera ha sido previamente objeto de controversias en su carrera. Su desempeño como jefe del IPD en 2019 generó cuestionamientos debido a presuntas irregularidades de gestión, lo que resultó en su destitución. Además, su designación como gerente comercial en Sedalib también estuvo acompañada de inquietudes y debates sobre su capacidad para ocupar cargos de liderazgo.

La denuncia presentada en el marco del proyecto Procompite pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de iniciativas destinadas al desarrollo regional. Es fundamental que las autoridades aborden de manera objetiva y transparente las inquietudes planteadas, a fin de garantizar la correcta utilización de los recursos asignados y asegurar que los beneficios del proyecto lleguen efectivamente a la comunidad.