Por: Dr. Fernando Carbone Campoverde

Decisores y gestores sanitario/políticos se preguntan con frecuencia ¿cuánto cuesta la salud?; incluso ambos optan por hablar más que de “inversión” que de costos en salud; esta es una aproximación cuantitativa a la salud. Hay muchos estudios econométricos sobre el tema, que abordan materias como la asignación presupuestal, capitación, aseguramiento, etc. Sobre esta forma de abordaje, solo enfatizamos lo señalado en el estudio de 2017–2018 de la OPS, en su 10ima recomendación: “Lograr y mantener un gasto público en salud de al menos 6% del producto interno bruto (PIB), como una referencia mínima para reducir las inequidades y aumentar la protección financiera en el marco del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud”¹.

Queremos abordar brevemente el tema desde un aspecto más cualitativo: ¿Cuánto vale una vida saludable y feliz? De la definición de valor, queremos poner énfasis en la siguiente acepción: “Grado de utilidad de las cosas… para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar…. Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente. Alcance de la significación o importancia de una cosa…. Cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables”². Aquí “la cosa o el bien” es el derecho humano a una vida saludable y feliz, muy unido al derecho a la vida.

Para que el decisor/gestor respondiera la pregunta era necesario que se planteara: ¿qué haría por su propia salud o la de las personas que ama?, En circunstancias “normales”, encontraría lo necesario en los subsistemas de salud a los que acudía; la pandemia de la COVID – 19, obligó a responder de forma extrema la cuestión. Decisores, gestores y operadores sanitarios, al igual que otros ciudadanos, buscaron a como dé lugar encontrar medios para ayudar a familiares, colegas y amigos; la búsqueda de pruebas, camas hospitalarias y UCI, oxígeno, medicamentos, personal entrenado, vacunas, etc. los llevo, de un lado, a concurrir masivamente a los servicios públicos (MINSA, ESSALUD y Sanidades), que contaban con más capacidad que los privados para cuidar y salvar a quienes lo necesitaran (sobre todo en las dos primeras oleadas pandémicas); y de otro, a no escatimar diversos recursos personales o familiares, si los servicios no podían proveerlos en cantidad o tipología suficiente.

Aunque podría suponerse que decisores, gestores y operadores de salud tuvieron cierta ventaja para lo anteriormente señalado, respecto del resto de la población, recordemos que su número es mucho menor que la misma y el hecho que el SARS COV 2 no distinguió entre unos y otros grupos para atacarlos; es más, la pandemia se ensañó más en el personal de salud que cuidaba a los demás, exponiéndose al contagio ; el sufrimiento, angustia y preocupación fue igual para todos, y acaso mayor en el personal sanitario.

Los principios éticos y morales que deben regir el comportamiento de un decisor/gestor sanitario político, exigen que busque para quienes le confían su salud, quienes quiera que ellos sean, el mismo trato que procura para sí mismo y los suyos, e incluso más aún: su responsabilidad y respeto por el derecho a la vida y a la salud, lo obligan a buscar y procurar el bien común, con más tesón, entrega y esfuerzo que el que dedica a su entorno cercano; este es el precio a pagar por haber escogido servir a la vida y la salud. Sobre estos principios se basa la propuesta de un” Cuidado Integral De Salud Para Todos, Por Todos” (David Tejada de Rivero)” y la premisa en salud del estado de bienestar europeo: “Todo Cuidado, A Todo Costo, Para Todos”.

Entonces, ¿Cuánto vale una vida saludable y Feliz? VALE IGUAL PARA TODOS.

Bibliografía:

¹ OPS, 2019, Salud Universal en el Siglo XXI: 40 años de Alma-Ata. Informe de la Comisión de Alto Nivel.

2 Real Academia de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, Edición Tricentenario, 2022.