La pugna entre el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, y el actual presidente, Luis Arce, ha desencadenado un nuevo capítulo en medio de los preparativos del congreso nacional del partido. El círculo cercano a Arce advierte que Morales está dirigiendo sus esfuerzos hacia la expulsión del actual mandatario. En una conferencia realizada esta semana, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, declaró: «Se está configurando un escenario para expulsar a Lucho Arce y a nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca de las filas de nuestro instrumento político».
Las críticas de los seguidores de Morales hacia el gobierno de Arce se han intensificado, acusando al actual Gobierno de intentar «eliminar» y «envenenar» a su líder. El martes, la dirigencia del MAS afirmó que Luis Arce había «traicionado» al partido y a Evo Morales, expresando su «preocupación» de que Arce se ha convertido en «el peor enemigo» del partido. En respuesta, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, señaló en una rueda de prensa en La Paz: «La traición es lo que más duele».
La ministra Prada, quien es la colaboradora más cercana al presidente Arce, defendió a su líder al afirmar: «Él [Arce] no es el enemigo. No podemos confundir a las bases con miras a avanzar en ambiciones personales o expulsar a nuestro presidente». Además, agregó: «El único veneno es la división; todos estos intentos de fracturar el movimiento popular».
Como parte de los preparativos para la anunciada expulsión de Arce, el MAS ha prohibido la participación de cualquier miembro que sea funcionario público, es decir, subordinado del presidente, en los congresos partidarios, incluso en el congreso nacional que establecerá la estrategia para elegir al próximo candidato presidencial. Según los seguidores de Arce, esta medida no es legítima, ya que «impide la democracia interna». Evo Morales trató de justificarla mediante un tuit, argumentando que los congresos del MAS «son para fiscalizar a nuestras autoridades y por eso no pueden ser manejados por los fiscalizados».
El expresidente ha acusado abiertamente al gobierno, al que califica como una «derecha interna», de querer asesinarlo e implicarlo en crímenes, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas contundentes. También le atribuye delitos como la protección al narcotráfico y la corrupción. Sus seguidores han creado el hashtag «yo no me quiero suicidar» para ironizar sobre dos supuestos suicidios ocurridos recientemente en el marco de investigaciones por estafas y sobornos.
Por su parte, los seguidores de Arce sostienen que no existen diferencias ideológicas profundas con sus antiguos compañeros y que la única separación entre ambos grupos radica en la ambición de Morales de regresar al poder. Sin mencionar directamente al líder de su partido, Arce ha advertido en varias ocasiones sobre una conspiración en su contra, que busca dividir a las fuerzas sociales que respaldaron su elección con el 55% de los votos hace dos años y medio. Mientras tanto, tanto él como su vicepresidente, Choquehuanca, están construyendo una red propia de seguidores en los sindicatos, que constituyen la columna vertebral del MAS. Según los partidarios de Morales, el mecanismo de cooptación gubernamental se basa en la entrega de empleos públicos, lo que explicaría los frecuentes casos de corrupción.
A pesar de que la candidatura presidencial de su ministro de economía «histórico» fue impuesta por Evo Morales, las relaciones entre ambos políticos se deterioraron rápidamente después de la victoria de Arce. Este último no mencionó a su mentor en su discurso inaugural y formó un gabinete sin la presencia de los antiguos colaboradores de Morales. Poco después, Morales intentó, sin éxito, influir en las primeras decisiones gubernamentales. Desde entonces, las tensiones han ido en aumento de manera constante hasta que el diálogo quedó suspendido.
El ex vicepresidente Álvaro García Linera, considerado el principal intelectual del MAS, aboga firmemente por un acuerdo que salvaguarde la unidad de la izquierda boliviana. García Linera cree que si el movimiento indígena se divide en dos expresiones políticas, no logrará ganar las próximas elecciones y perderá el poder durante «mucho tiempo». También teme que la lucha interna, que hasta ahora ha sido «un asunto de élites políticas», comience a afectar las expectativas de los ciudadanos, generando un aumento de la incertidumbre y el pesimismo que se refleja en las encuestas.
