El conocido Arturo ‘falócrata’ Fernández Bazán, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta debido a una denuncia por difamación presentada por Julio Enrique Morillas Rodríguez. Morillas acusa al alcalde de cometer el delito de difamación agravada, de acuerdo con el artículo 132 del código penal. El caso está siendo llevado por el juez Néstor Daniel Sánchez Pagador y ha generado gran atención en la ciudad de Trujillo.

Las acusaciones de difamación se centran en declaraciones realizadas por el alcalde Arturo Fernández Bazán durante el período de diciembre de 2022 a enero de 2023. Según el denunciante, Fernández Bazán habría utilizado calificativos como «corrupto» y «coimero» para referirse a Morillas, afectando así su honor y reputación.

Las fechas mencionadas en la denuncia son el 21 de diciembre de 2022 y el 6 de enero de 2023. El alcalde habría realizado una pregunta en un video publicado en sus redes sociales el 6 de enero, que el denunciante considera una vulneración a su honor. Además, el 17 de enero de 2023, Morillas difundió un video en el que resalta presuntas irregularidades en la obtención de una licencia para la realización de un concurso de marinera, vinculando a Fernández Bazán con prácticas ilegales.

Posteriormente, el 19 de enero de 2023, el alcalde habría publicado un video en Facebook en el que menciona la existencia de un «Clan» u «Organización Criminal» dedicada a la extorsión, y el 23 de enero de 2023, a través de un soliloquio, habría hecho referencia a «Los Morillas» como parte de un supuesto grupo extorsionador. Estas declaraciones son consideradas por el querellante como una referencia directa hacia su persona.

El 26 de enero de 2023, durante una transmisión en vivo en su perfil de Facebook, Fernández Bazán habría realizado comentarios relacionados con extorsión y pago de sumas de dinero, que según el denunciante, vulneraron nuevamente su honor.

Fernández Bazán se enfrenta a serias acusaciones de difamación agravada presentadas por Julio Enrique Morillas Rodríguez. Las fechas y declaraciones citadas en la denuncia han generado una polémica significativa en la ciudad de Trujillo. Ahora corresponde al juez Néstor Daniel Sánchez Pagador llevar adelante el caso y asegurar un proceso justo y transparente, en el que se respeten los derechos de ambas partes involucradas.

Estos acontecimientos ponen de manifiesto la importancia de la responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión y la necesidad de que los líderes políticos y funcionarios públicos sean conscientes del impacto que sus palabras pueden tener en la reputación y el honor de otras personas. La sociedad trujillana está atenta a los resultados de este proceso legal, esperando que se haga justicia y se esclarezca la verdad en beneficio de la comunidad.