El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, ha levantado la voz en medio de una polémica que rodea su participación en el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC). Según el alcalde, no ha recibido una invitación para asistir a las reuniones del comité debido a su situación judicial, lo que considera una exclusión injusta. Además, Fernández ha expresado su preocupación por la posible retirada de su equipo de seguridad, una medida que considera perjudicial para el desarrollo eficiente y seguro de sus funciones como alcalde.

Exclusión del CORESEC

El alcalde Fernández Bazán ha lamentado no haber sido invitado a participar en las reuniones del CORESEC, alegando que su ausencia se debe a su condición de alcalde con sentencia. Considera que esta decisión lo excluye injustamente de un espacio importante para abordar los desafíos de seguridad en la provincia. El alcalde ha cuestionado la postura del CORESEC y ha afirmado que estas reuniones son más un «saludo a la bandera» que una verdadera acción para combatir la delincuencia.

Amenazas a su seguridad

El alcalde también ha manifestado su preocupación por las amenazas a su seguridad personal. Según Fernández, ha tenido conocimiento de que el general Augusto Ríos Tiravanti, responsable de la seguridad en la región, tiene la intención de retirarle su equipo de seguridad. Esta decisión ha generado un profundo desacuerdo por parte del alcalde, quien considera que como autoridad municipal requiere medidas de seguridad adecuadas para poder desempeñar sus funciones de manera eficiente y segura. Fernández Bazán ha enfatizado su papel como el único representante que se enfrenta directamente a los delincuentes y ha expresado su confianza en que el general no sufrirá consecuencias si se le retira la seguridad, algo que él mismo considera como una injusticia.