En un reciente informe, la Contraloría General de la República ha puesto al descubierto una preocupante situación en la Municipalidad Distrital de El Porvenir. Según el reporte, quince funcionarios que ocupan cargos de libre designación no cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la ley para ejercer sus funciones. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el cumplimiento de las normas en la administración pública local.

La Ley N°31419, que busca garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios, establece requisitos claros para los cargos de libre designación y remoción. Entre estos requisitos se encuentran la formación académica, la experiencia general de cuatro años, la experiencia específica en el puesto por un año y la experiencia específica en el sector público por un año.

La Contraloría consultó a la Subgerente de Recursos Humanos, Sara Otoya Mendoza, acerca de los procedimientos de verificación de perfiles de los funcionarios de libre designación. Sin embargo, Otoya Mendoza mencionó que no se llevó a cabo dicho proceso debido a la alta carga laboral del municipio.

Esta falta de verificación ha llevado a que de los 26 funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción en El Porvenir, quince no cumplan con los requisitos mínimos. Esto pone en entredicho la integridad y eficiencia de la administración pública local, ya que se limita el acceso a estos cargos a personas idóneas que puedan cumplir con los fines institucionales.

Entre los funcionarios cuestionados, se encuentran Grace Esquivel Marcano y River Ávila Lavado, quienes ocupan cargos de responsabilidad sin cumplir ninguno de los cinco requisitos mínimos. También se incluyen otros funcionarios que, aunque cumplen con la formación académica, carecen de la experiencia requerida para los cargos que desempeñan.

Resulta preocupante que, incluso en cargos de alta responsabilidad, como el gerente de Administración Tributaria, existan personas sin la experiencia necesaria para gestionar asuntos de tanta importancia para la comunidad. Esto evidencia que el área de Recursos Humanos no ha estado realizando una adecuada verificación de los requisitos legales para el acceso a la función pública.

Esta situación no solo contradice la normativa legal, sino que también representa un incumplimiento del Decreto Supremo N°053-2022-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley N°31419. Es fundamental que las instituciones se apeguen a las leyes y reglamentos para garantizar la transparencia y la confianza de los ciudadanos en el gobierno.

Ante estos hallazgos, el alcalde de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, ha sido notificado y tiene la responsabilidad de tomar acciones correctivas y preventivas en un plazo máximo de cinco días hábiles.