La decisión inesperada de Brasil de proponer una redacción suavizada en la declaración sobre la dictadura de Nicaragua que se emitirá la próxima semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha generado sorpresa en algunos países. Sin embargo, nadie confrontó al gobierno de Lula Da Silva durante la reunión del Consejo Permanente de este viernes que analizó el tema.

El peso de Brasil, especialmente de su presidente, generó un profundo silencio en la OEA y nadie se enfrentó directamente, a pesar de que algunos países mostraron su molestia por la postura del gobierno de Lula en privado.

El representante canadiense, Francois Jubinville, fue el único que habló en la reunión del Consejo Permanente este viernes. Canadá es uno de los cinco países integrantes del grupo de seguimiento sobre la crisis en Nicaragua que promovió el texto original que expresaba «alarma» por la represión y las violaciones a los derechos humanos y a la propiedad, elementos que Brasil busca eliminar de la declaración.

«Invitamos a los países a presentar otras sugerencias al texto, que ya refleja las aportaciones de otras delegaciones, incluidos los miembros del grupo de trabajo. Invitamos a hacer otras sugerencias y comentarios», dijo el representante alterno de Canadá ante la OEA, quien también agradeció los «aportes» de Brasil.

El grupo que aboga por una declaración más contundente contra Nicaragua debe evaluar sus fuerzas para determinar si se enfrentan a Brasil en una votación o si aceptan suavizar el texto en un punto intermedio para lograr un consenso.

La delegación de Brasil manifestó este viernes que su propuesta alternativa refleja la intención del país, pero que están dispuestos a «encontrar una declaración que pueda ser lo más amplia y abierta posible».

En 2018, la OEA creó un grupo de trabajo para dar seguimiento a la crisis de derechos humanos en Nicaragua, liderado por Chile y Canadá, e integrado por Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Perú.

A pesar de los cambios políticos ocurridos en algunos de estos países en los últimos años, el grupo ha mantenido una postura crítica hacia la dictadura de Ortega. Por ejemplo, Chile, que pasó a ser gobernado por la izquierda en 2022, ha mantenido su postura crítica ante los abusos en Nicaragua.

Por eso sorprendió que el texto original propuesto por la mayoría de los integrantes de ese grupo de trabajo no llevara la firma de Brasil. Cuando el Consejo Permanente recibió hace dos semanas un informe de ese grupo, la mayoría de los integrantes expresaron abiertamente críticas hacia la dictadura de Ortega, pero Brasil se mantuvo en silencio.

El proyecto de declaración presentado por Chile, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica y Antigua y Barbuda expresa una «profunda alarma» por la «represión, el cierre del espacio cívico, las violaciones a los derechos humanos, incluida la negación de los derechos civiles y políticos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses, así como la violación del derecho a la propiedad y la seguridad social mediante la confiscación de bienes y activos y la denegación de pensiones a aquellos privados de su nacionalidad».

Además, muestra preocupación por «las denuncias de violación grave y sistemática del derecho a la libertad religiosa en el ámbito público y privado, que incluyen la detención arbitraria, el acoso y la expulsión injustificada de miembros y clérigos de comunidades religiosas; el cierre forzoso de centros educativos primarios, secundarios y universitarios creados por la Iglesia católica; el cierre de entidades dedicadas a la caridad y asistencia social; la negación de acceso a lugares de culto y la supresión de la difusión de creencias religiosas a través de la censura de los medios de comunicación católicos».

Esta semana, Brasil sorprendió con otra propuesta que suaviza considerablemente la declaración y, de esa manera, protege a la dictadura de Ortega. El gobierno de Lula pretende eliminar algunas críticas y añadir condicionales a algunos de los graves hechos que ocurren en el país centroamericano.

En lugar de exigir el «retorno» de la democracia en Nicaragua, propone solicitar «el fortalecimiento» de la democracia en el país. Además, cambia el tono del texto. Donde antes se expresaba una «profunda alarma» por la situación en el país, Brasil propone que la OEA «exprese preocupación». También pretende calificar como «supuestas» las denuncias de abusos y represión comprobados que plantea el texto original.

La declaración sobre Nicaragua es uno de los cuatro temas pendientes de acuerdo entre los países para emitir una declaración durante la Asamblea General de la OEA de la próxima semana en Washington, donde estarán presentes los cancilleres de todas las Américas.

Hay dos caminos para resolver estas diferencias en torno a Nicaragua: emitir una declaración ligera que no condene enérgicamente al régimen de Ortega o enfrentar una votación dividida cuyo resultado es incierto en la actualidad.

En ámbitos como la OEA, los países valoran mucho emitir declaraciones de consenso. Sin embargo, a menudo se diluye el contenido para lograrlo y se emiten declaraciones más moderadas.

La movida de Brasil esta semana demuestra que si el grupo conformado por Canadá, Chile, Estados Unidos, Costa Rica y Antigua y Barbuda decide defender firmemente la propuesta original que condena a Nicaragua, será imposible lograr una resolución por consenso. Además, tampoco está claro si contarían con los votos necesarios para que sea aprobada.

La correlación de fuerzas en la región se ha inclinado más hacia la izquierda en los últimos tiempos, y si Brasil, bajo el liderazgo de Lula, actúa de manera decidida, como parece querer hacerlo en este tema, es posible que logre alinear a una gran parte de los países, incluidos varios del Caribe. Los únicos países sudamericanos que respaldan firmemente el texto original, además de los países que lo presentaron, son Paraguay, Uruguay y Ecuador (Infobae).