Por: Fernando de la Flor Arbulú

En un intento por legitimar al régimen de Venezuela, Lula, el presidente brasilero, se refirió a una narrativa destinada a desvirtuar que Nicolás Maduro era un mandatario democrático elegido por su pueblo. No lo logró, por cierto.

Se encargaron de desmentirlo dos presidentes latinoamericanos que representan posiciones políticas diametralmente opuestas: Luis Lacalle, del Uruguay, un hombre de derecha liberal, y Gabriel Boric, de Chile, un dirigente de izquierda, quienes no dejaron duda ninguna acerca de que en Venezuela no rige el sistema democrático y Nicolás Maduro es un autócrata. Pero lo más importante es la constatación de la propia realidad:  alrededor de ocho millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar su país porque se violan los derechos humanos.

El desalentador intento de Lula de invocar la idea de la narrativa (como sinónimo de invención) para aludir a un fenómeno de la realidad, activa el debate acerca del concepto de los derechos humanos, cuyos alcances están implícitos en su propia denominación. Hay que entender a los derechos humanos como el conjunto de garantías que acompañan a todos quienes tienen dicha condición, con prescindencia de su credo, posición política, nacionalidad o condición económica o social. Puede sostenerse que son una narrativa de la realidad.

Esto último es relevante porque no hay derechos humanos para unos y no para otros. No los hay para quienes se ubican a la derecha en el espectro político, en detrimento de aquellos que no piensan igual: los de izquierda o progresistas, incluyendo a los denostados caviares en nuestro medio. Los derechos humanos son para todos, sin excepciones, incluso para los seres más despreciables. No aceptar ese principio de equivalencia básica es –ahí sí- recurrir a la figura de la narrativa como elemento distorsionador de las cosas.

Pongamos un ejemplo, actual y vigente. En el Perú de hoy existe un debate sobre si el gobierno de Dina Boluarte violó o no los derechos humanos de aquellos que protestaron porque, malentendiendo los sucesos, creyeron que a Pedro Castillo se le destituyó injustamente de la presidencia de la Republica y no porque intentara terminar con la democracia en el país. Más de la mitad de la población, según recientes encuestas, sigue creyendo que los hechos sucedieron de esa manera, y no al revés, como efectivamente ocurrieron.

Pues bien, hay gobiernos en el mundo, entre ellos, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (que reúne a 27 países), la propia Naciones Unidas y otros organismos internacionales que, al tiempo de censurar sin atenuantes la insensata decisión de Pedro Castillo de pretender instaurar una dictadura en el Perú, han manifestado explícitamente su preocupación respecto del medio centenar de muertos que hubo como consecuencia directa de lo que se ha señalado como un uso desproporcionado de la fuerza al reprimir el reclamo ciudadano en el país.

Que no haya ninguna respuesta oficial, después de seis meses de ocurridos los hechos, es convertir a los derechos humanos en el Perú en una narrativa, no en lo que son.

Fuente: Caretas