En los remotos territorios de Colombia, lo que ha dejado de ser tendencia en las redes sociales se traduce en impotencia y dolor para las comunidades locales. La reciente despedida de Marcos Fidel Jiménez Bohórquez, un líder campesino de 51 años, en el cementerio La Resurrección de Barrancabermeja, Santander, refleja la trágica realidad que enfrentan los líderes sociales en el país sudamericano. Jiménez, parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Poza en Cantagallo, Bolívar, fue secuestrado y posteriormente asesinado por disidencias de las FARC, convirtiéndose en el líder social número 110 asesinado en lo que va del año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La noticia de estos asesinatos a menudo pasa desapercibida en la esfera pública, pero el impacto en las comunidades es inmenso. Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y grupos campesinos como la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra denuncian estos crímenes y exigen justicia, pero la persistente amenaza de grupos armados ilegales ha sumido a muchas comunidades en una crisis humanitaria. Los enfrentamientos armados han causado confinamientos y amenazas a comunidades indígenas y campesinas, aumentando su vulnerabilidad.

Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC en 2016, el asesinato de líderes sociales en Colombia se ha agravado. Más de 1.500 líderes sociales han sido asesinados desde entonces, la mayoría entre 2017 y 2020. Aunque en 2023 ha habido una disminución en los homicidios, la amenaza persiste, especialmente en áreas con disputas por el control de actividades ilícitas como la minería ilegal y el cultivo de coca.

La representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette De Rivero, señala que aunque ha habido una disminución del 19% en los casos de homicidios de líderes sociales en el primer semestre del año en comparación con 2022, la cantidad sigue siendo inaceptablemente alta. La disminución puede ofrecer un atisbo de esperanza, pero no se debe pasar por alto la urgente necesidad de proteger a los líderes sociales que defienden causas sociales, ambientales y comunitarias en Colombia.

A pesar de la indiferencia ocasional que puede surgir en las redes sociales, la realidad en los territorios alejados de Internet y de los pulsos políticos es desoladora. Las comunidades se sienten desprotegidas y enfrentan una constante amenaza por parte de grupos armados que buscan controlar territorios y recursos, imponiendo su voluntad de manera violenta. María Irene Ramírez, presidenta de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, denuncia que los grupos armados están usurpando la autoridad de las juntas de acción comunal y sembrando el temor en las comunidades.

En el otro extremo del país, en la región del Pacífico, la concentración más alta de asesinatos de líderes sociales genera preocupación. Juan Pablo Salazar, representante a la Cámara del departamento del Cauca, destaca cómo estos asesinatos debilitan la defensa de causas sociales y ambientales, creando un clima de miedo que socava los esfuerzos comunitarios y sociales.

A pesar de las promesas de paz y los intentos de diálogo con grupos armados ilegales, muchas organizaciones defensoras de Derechos Humanos y líderes sociales continúan exigiendo acciones inmediatas del gobierno para proteger sus vidas y comunidades. La construcción de la paz en Colombia no puede avanzar si la vida y seguridad de los líderes sociales no están garantizadas.

El reto sigue siendo monumental. La indiferencia gradual hacia estos asesinatos y la normalización de la violencia en la sociedad son señales alarmantes de cómo la situación puede empeorar. Aunque las tendencias en redes sociales pueden cambiar y adaptarse, la lucha por la protección de líderes sociales en Colombia debe seguir siendo un llamado constante a la justicia, la seguridad y la paz en cada rincón del país.