En el período comprendido entre 2019 y 2022, Cuba ha sido testigo de un alarmante aumento en el número de feminicidios. Los datos son contundentes: de 14, 32 y 34 en los años previos, la cifra escaló a 36 en 2022. Aun más perturbador es el dato proporcionado por Yanelis Núñez, del Observatorio de Género de Alas Tensas, quien revela que solo en lo que va de este año se han contabilizado ya 55 feminicidios. Estas cifras dolorosas exigen una atención urgente y medidas concretas por parte de las autoridades cubanas y la comunidad internacional.

La lucha contra la violencia basada en género (VBG) es un desafío global, y Cuba no es la excepción. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la identificación y denuncia de casos de violencia de género. Sin embargo, en Cuba, se encuentran obstáculos significativos que limitan su capacidad para abordar eficazmente este problema creciente. Una de las preocupaciones fundamentales es la falta de acceso a datos y estadísticas precisas sobre feminicidios y VBG en la isla. La ausencia de transparencia y la negación de permisos para operar a estas organizaciones limitan su capacidad para intervenir y brindar apoyo a las víctimas.

El informe presentado por ocho organizaciones de sociedad civil al Comité de Derechos Humanos destaca esta problemática, subrayando las restricciones para acceder a datos de violencia basada en género y la carencia de refugios y atención especializada para mujeres maltratadas. La falta de refugios seguros para las víctimas de violencia de género es especialmente preocupante, ya que muchas mujeres se ven atrapadas en situaciones peligrosas sin un lugar donde buscar protección.

La respuesta institucional a la violencia de género también ha sido insuficiente. Aunque se han realizado algunos avances, como la inclusión de la igualdad de género en la nueva Constitución cubana y la obligación del Estado de proteger a las mujeres contra la violencia de género, aún persisten desafíos significativos. Las recomendaciones de otros países, como Argentina y México, no han sido completamente atendidas. La falta de un enfoque integral en la legislación y la falta de un protocolo para abordar la violencia de género en todas sus formas continúan siendo áreas de preocupación.

Además, el informe señala una preocupante tolerancia hacia la violencia de género en diversas instituciones, incluida la policía y los tribunales. Esta tolerancia puede manifestarse en forma de respuestas inadecuadas por parte de las autoridades o incluso en la negación del feminicidio como delito independiente. La necesidad de un cambio cultural profundo en la sociedad cubana es evidente para abordar este patrón de tolerancia y para garantizar que las víctimas reciban el apoyo y la protección que merecen.