Son las 8 de la noche y converso con Rafael, amigo mío. Pregunto por su tratamiento psiquiátrico (sufre de trastorno bipolar) y la respuesta es desoladora: «El seguro social demora en darnos las pastillas. No siento como si me tuvieran atendido». Recuerdo entonces épocas de intensa depresión y conflicto psicológico. Me pregunto entonces: ¿Cómo se encuentra la salud mental de los peruanos?

Pues bien, según datos oficiales, más de 6 millones de peruanos requieren apoyo en salud mental en la actualidad. Minsa arroja que cerca del 20% de los habitantes de nuestro país padecería de depresión, ansiedad, estrés u otros complejos psicológicos que deterioran su calidad de vida. Además, en su informe sobre la salud mental como un derecho, la Defensoría del Pueblo afirmo que 8 de cada 10 peruanos no reciben un tratamiento adecuado para sus trastornos. En un país que ofrece escenarios de alta complejidad política y económica, es difícil no imaginarse consecuencias de este tipo. Cabe preguntarse: ¿Qué se ha hecho ante esta situación?

Uno de los cambios estructurales formalizados a favor de la salud mental se dio en el gobierno de Ollanta Humala. Bajo la aprobación y promulgación de Ley N°29889, la cual modificaba la Ley General de Salud para considerar los derechos de la personas con problemas de salud mental. Esto permitió garantizar la continuidad de cuidados de salud que cada persona con problemas de salud mental requiere, sean problemas psicosociales o trastornos mentales y del comportamiento, protegiendo su vinculación familiar y comunitaria; entre otras cosas.

Más allá de otras iniciativas legislativas, la realidad fáctica arroja datos problemáticos y cuentas pendientes. Tan solo 8 departamentos del Perú superan los 10 centros de salud mental comunitaria por cada millón de habitantes. En el caso de La Libertad, por ejemplo, esta cifra solo se mantiene en 6.7 centros por millón de personas y, para el caso de profesionales en psicología, La Libertad cuenta con una de las cifras más bajas: solo hay 0.9 psicólogos -¡menos de 1!- por cada 10,000 habitantes.

Si queremos cuidar a la población de trastornos que tienen consecuencias directas con los espacios sociales a los que son asiduos, debemos ver la forma de entender como tratar la salud mental con iniciativas estructurales que acaben con el problema de raíz. El caso de Rafael solo es una gota en un mar de gente desatendida por un Estado que no toma estos temas como prioritarios.