La actual oleada de inseguridad ciudadana en América Latina –en parte derivada de la expansión de grandes organizaciones criminales como los cárteles de Sinaloa de México o el Tren de Aragua de Venezuela– ha tenido dos efectos importantes en la región: la popularización de las políticas de mano dura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la reactivación del debate sobre la tenencia y porte de armas de fuego por civiles. Un dato ayuda a entender las razones de este doble efecto: aunque América Latina solo engloba al 8% de la población mundial, concentra el 37% de los homicidios. Desde 2012, los asesinatos en Costa Rica, país que abolió las fuerzas armadas hace 75 años, han aumentado un 66,5%. En Chile, hasta hace pocos años otro país estable y seguro, tres carabineros han sido asesinados en el último mes, uno de ellos presuntamente por delincuentes venezolanos. Para aplacar las críticas, el gobierno de Gabriel Boric desplegó el ejército en la frontera norte. El año 2022 fue el más violento de la última década en Chile, con una tasa de homicidios de 4,6 por 100.000 habitantes, aun así, nimia frente a la de Venezuela: 40,4, la más alta de la región.

A principios de abril, en Ecuador, el gobierno de Guillermo Lasso flexibilizó las normas de tenencia y porte de armas de fuego. Ahora cualquier ecuatoriano mayor de 25 años podrá tener acceso a una pistola si supera las pruebas psicotécnicas. En el último año, los homicidios aumentaron un 86,3%, hasta los 4.603. Según Lasso, la liberalización es una “medida urgente” para combatir al “enemigo común”. En 2009, Rafael Correa suspendió de modo indefinido el porte de armas, pero no su tenencia. Sus críticos acusan a Lasso de trasladar a la sociedad civil la responsabilidad de la lucha contra el crimen, renunciando al monopolio de las armas por parte del Estado y a su principal deber: la seguridad de sus ciudadanos. Algo similar intentó en Brasil el expresidente Jair Bolsonaro, quien creía que armar a la población civil era la mejor estrategia de seguridad. Una de las primeras medidas del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva fue la revisión de las licencias concedidas desde 2019 por su antecesor. En una de sus recientes incursiones en una favela de Río de Janeiro, con 13 presuntos delincuentes muertos, fuerzas especiales de la policía militar incautaron 87 armas de fuego, incluidos 28 fusiles automáticos.

Según Eugenio Weigend, experto de la Universidad de Michigan, los sectores favorables a poner más armas en la calle defienden mitos como el de que existe una supuesta equidad de fuerzas entre un civil armado y un delincuente que, recuerda, siempre cuenta con una ventaja crucial: el factor sorpresa. Los delincuentes, normalmente, disparan antes cuando sospechan que su víctima va armada. En esas condiciones, señala Weigend, colocar una pistola en manos de cada individuo es someterlo a la ley del más fuerte. La gran mayoría de los países latinoamericanos tiene controles estrictos a las armas de fuego, pero no son muy eficaces debido al enorme mercado negro de países como Guatemala, Colombia o Brasil. En México solo hay una armería legal, pero los cárteles se hacen con relativa facilidad con fusiles AK-47 y M16. Según el departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2017 provino de este país al menos un tercio de las armas de fuego incautadas en México, El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua. En mayo de 2022, un tribunal de Austin (EEUU) condenó a Charles Anthony Lecara a siete años de prisión por liderar una red de tráfico de armas desde Texas a México. En agosto de 2020, la policía de Florida arrestó a dos venezolanos que traficaban con armas en aviones privados hacia Venezuela, Jamaica y Haití.

En Colombia, en diciembre de 2022, el gobierno de Gustavo Petro prohibió por decreto el porte de armas. En 2012, Venezuela prohibió la venta, en 2013 dejó de emitir nuevas licencias y en 2017 era ilegal llevar armas en lugares públicos. Pero nada de ello ha reducido de modo significativo el número de muertes por heridas de bala. Una razón es la corrupción de policías y militares que venden sus arsenales al mejor postor. Washington ha negado el visado a varios generales ecuatorianos por esa razón. Según Weigend, en lugares ya muy violentos, poner más armas en manos de civiles equivale a querer apagar un incendio con gasolina. No existe un solo caso, recuerda, en el que el aumento del número de armas haya reducido la violencia en contextos de alta criminalidad. En EEUU en 2020, durante la pandemia, ciudadanos particulares compraron 23 millones de armas de fuego, un 65% más que en 2019. El resultado no sorprendió a (casi) nadie: hubo un 25% más de muertes por bala en homicidios, suicidios, accidentes, etc.

Fuente: Informe Semanal de Política Exterior