El panorama político en Nicaragua continúa siendo motivo de preocupación internacional, ya que los legisladores sandinistas han presentado una polémica propuesta de reforma constitucional y legal que plantea cambios significativos en la naturaleza y funcionamiento de la Policía Nacional del país. Estas iniciativas, que se espera sean aprobadas rápidamente debido a la mayoría absoluta del partido en el Parlamento, han generado una serie de interrogantes y críticas tanto dentro como fuera de Nicaragua.

Una de las modificaciones propuestas es la eliminación de los principios de la Policía Nacional como una institución «profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante», así como su naturaleza civil. En su lugar, se busca establecer una subordinación directa al presidente Daniel Ortega, quien ostenta el poder ejecutivo en la nación centroamericana. Actualmente, la Constitución establece que la Policía Nacional debe regirse por el respeto y la obediencia a la autoridad civil ejercida por el presidente a través del ministerio correspondiente. Sin embargo, la propuesta presentada busca fortalecer aún más esta subordinación, concediendo al presidente un control directo y absoluto sobre la institución policial.

Además, se han propuesto cambios a la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional para establecer sanciones penales para los oficiales que deserten o desobedezcan las órdenes de sus superiores. Según la propuesta, aquellos oficiales que abandonen el servicio policial, considerado como deserción, y pongan en riesgo la seguridad ciudadana, podrían enfrentar penas de prisión de dos a tres años. De manera similar, aquellos oficiales que desobedezcan órdenes sin justificación, poniendo en peligro la seguridad ciudadana, podrían enfrentar penas de seis meses a dos años de prisión.

Esta propuesta surge en un contexto en el que ha habido deserciones dentro de la Policía Nacional, como el caso reciente de la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, quien desertó y se dirigió a Estados Unidos. Estas deserciones han sido motivo de preocupación para el gobierno, y la propuesta de reforma busca enviar un mensaje claro a los miembros de la policía de que la deserción y la desobediencia serán severamente castigadas.

No obstante, críticos de la propuesta argumentan que estas reformas podrían socavar aún más los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Al eliminar la naturaleza «profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante» de la Policía Nacional, se teme que la institución se convierta en un instrumento al servicio del partido gobernante, lo que podría socavar la independencia y la imparcialidad necesarias para el cumplimiento efectivo de su misión de proteger y servir a la ciudadanía.

Además, otorgar un control absoluto al presidente sobre la Policía Nacional plantea preocupaciones sobre el posible abuso de poder y la falta de mecanismos de rendición de cuentas. En un momento en que Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde 2018, con denuncias de represión y violaciones de derechos humanos, estas reformas podrían perpetuar un ambiente de miedo e inseguridad, erosionando aún más la confianza de la población en las instituciones del Estado.