Por: Fernando de la Flor Arbulú

Cuando se aprobó la Constitución de 1979, el gobierno militar de ese entonces la devolvió porque no se habían incluido “los cambios del proceso revolucionario”. La Asamblea Constituyente tomó una decisión categórica: cualquier modificación a la nueva Carta debía hacerse conforme a sus propias reglas. Se trataba de un principio fundamental: la defensa del fuero parlamentario.

Eso es exactamente lo que no viene ocurriendo en el Perú de hoy: la democracia está en un lento proceso de desintegración. El Congreso, excediendo sus atribuciones, es el actor principal de este drama político, a pesar de ser el organismo más desprestigiado del país: nueve de cada diez peruanos lo repudia, y aun así pretende representarlos.

Lo que ha sucedido con quien fuera Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, es ilustrativo de dicho fenómeno: haberla destituido de su cargo por discrepar de sus decisiones funcionales, resulta claramente inconstitucional y además una inequívoca afrenta a todos los que ejercen responsabilidades jurisdiccionales. Quienes desde el Parlamento han adoptado dicha decisión no tienen la menor idea del daño institucional que han infringido, y mucho menos de la miopía estratégica con la que han procedido: han sentado un precedente que en cualquier momento puede ser utilizado, en el futuro, contra cualquier juez o fiscal bajo el falaz argumento de una infracción constitucional aprobada por el Congreso. Así de seria es la cuestión.

Si hay una garantía que tienen todos aquellos que administran justicia en cualquier lugar democrático del mundo, es la independencia en el ejercicio de sus funciones. Lo dice expresamente nuestra Constitución: ninguna autoridad puede interferir en un procedimiento jurisdiccional ni enervar sus efectos, directa ni indirectamente, en momento alguno. Esto incluye al Poder Legislativo. Y es natural que así sea: la autonomía del sistema de justicia es la mejor medida de cómo funciona una democracia.

El actual Congreso es quien se ha estado encargando, con elocuente torpeza, de desfigurar nuestro sistema democrático. Pruebas al canto: ha aprobado leyes manifiestamente inconstitucionales, como aquella que permite a la presidenta Dina Boluarte a ausentarse del país y viajar al extranjero, sin dejar a nadie a cargo del despacho al no tener Vice presidentes, para hacer trabajo remoto; y, además, se habría propuesto copar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y los organismos electorales.

Efectivamente, ha trascendido que existe una denuncia por infracción constitucional contra todos los miembros de la mencionada JNJ con el claro propósito de removerlos, y, al mismo tiempo, la idea de incluir a los integrantes de los organismos electorales como funcionarios públicos sujetos a antejuicio político ante el Parlamento.

Todo indica que está ejecutándose un proceso destinado a desintegrar nuestra democracia: que el Congreso asuma atribuciones sin límites que lesionen la independencia del sistema de justicia y busque someter a los entes electorales, afecta gravemente el mecanismo de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder.

Lo que no está claro es si quienes están cargo de este proceso tienen la lucidez estratégica para darse cuenta de las consecuencias de lo que están haciendo.

Fuente: Caretas